Las sanciones de los Estados Unidos contra China y sus compañías tecnológicas ya están surtiendo efecto, pero en el sentido contrario al esperado por sus proponentes: una fortísima entrada de dinero público en el sector tecnológico chino está haciendo que compañías como Huawei y otras estén poniendo en marcha una red de fábricas de chips en territorio chino que intentan hacer frente a la preocupante falta de suministro de estos componentes.
Ante las sanciones, China adquiere ahora más chips y más maquinaria para su fabricación que nunca, además de tratar de atraer talento occidental a sus compañías. La batalla es estratégicamente importantísima, y no ha hecho más que empezar. Estamos ante un auténtico renacimiento de la industria china de los chips provocado simplemente por la actitud de un país, los Estados Unidos, que ha lanzado todo su peso diplomático sobre sus socios comerciales para que relegasen los productos de una compañía que no deja de ser el líder tecnológico absoluto en número de patentes y desarrollo en tecnologías como el 5G.
Plantearse renunciar a los productos de Huawei supone para cualquier país un problema muy importante. Simplemente para el operador público de los ferrocarriles alemanes, Deutsche Bahn, dejar de utilizar componentes de Huawei en su red significa un gasto de cuatrocientos millones de euros para conseguir con ello, además, unas prestaciones inferiores. Para el Reino Unido como país, renunciar a los productos de la compañía china en su despliegue de redes 5G implica, como asegura el Financial Times, convertirse en un país rezagado tecnológicamente. Vodafone afirmaba ya en 2020 que excluir en su despliegue los equipos de Huawei iba a suponer no solo unos costes de infraestructura mucho más elevados, sino además, un retraso de cinco años.
Los costes para las infraestructuras de los Estados Unidos de reemplazar los equipos fabricados por Huawei y ZTE son ya de por sí desmesurados, y se cifraban en su momento entre los 3,000 y los 5,600 millones de dólares, pero eso es, simplemente, un daño autoinflingido. El problema es, además, lo que supone exigir a otros países que hagan lo mismo: hace ya algunos años, un estudio de Oxford Economics dejó claro que el coste económico de restringir la competencia en equipamientos de redes 5G en 31 países europeos (los 27 de la Unión Europea más Islandia, Noruega, Reino Unido y Suiza) aumentaría los costes totales de las inversiones en casi 3,000 millones de euros anuales en promedio durante la próxima década (a precios de 2020). Esto representa un aumento del coste real anual del 19%, lo que se traduciría, en el caso de una red relativamente pequeña como la de Islandia, en unos 3 millones de euros anuales, pero en hasta 479 millones de euros al año en el caso de Alemania. De hecho, a día de hoy, a pesar de las peticiones de sanciones de los Estados Unidos, la Unión Europea sigue financiando proyectos críticos de investigación y desarrollo a Huawei.
Que Huawei, una compañía que había asegurado que desafiaría a su propio gobierno si se le ordenase practicar acciones de espionaje, se vea obligada a licenciar sus muchas patentes a competidores como Ericsson o a demandar el pago de royalties a compañías japonesas es simplemente el resultado de intentar acorralar a una compañía de ingeniería para que no pueda dirigirse a su mercado natural, que es forzosamente mundial.
Huawei puede ser muchas cosas y con muchas de ellas, como en sus pretensiones de redefinir los protocolos de internet, estoy completa y radicalmente en desacuerdo, pero de lo que no cabe duda es de que ha sido la compañía más destacada en el desarrollo de la última generación de tecnologías de telecomunicaciones, y que las acusaciones de espionaje nunca han sido refrendadas con pruebas adecuadas. Quien acusa a China de espionaje no es otro que el gobierno del que en más ocasiones hemos conocido no acusaciones, sino pruebas concretas de espionaje. ¿Estamos ante un problema de espionaje, o ante una simple batalla por la supremacía tecnológica? A partir de ahí, que cada uno se tome las acusaciones y las peticiones de sanciones con su correspondiente grano de sal, y actúe con el pragmatismo que las decisiones tecnológicas siempre deben merecer.
